Una de las principales modificaciones que se introducirá refiere a que no será la Dirección General Impositiva (DGI) el organismo que recibirá los datos sobre los dueños de las compañías. Ahora se propone que sea la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que es actualmente la unidad que controla la creación y funcionamiento de las Sociedades Anónimas. Ese aspecto había sido sugerido por expertos en tributación.
Otro de los cambios apunta a las personas jurídicas extranjeras propietarias de empresas en Uruguay. Se analiza exceptuar de reportar a la AIN a las firmas internacionales “que no tengan una actividad sustantiva en el país”. Economía aún no definió el criterio que utilizará para determinar cuándo una actividad es sustantiva.
Para asegurar la confidencialidad de la información, se establecerán además fuertes sanciones a los funcionarios de la Auditoría que hagan un mal uso de la información que reciban, teniendo en cuenta que los datos sobre los propietarios de sociedades anónimas estarán a resguardo, algo que aseguraba la DGI por estar amparada en el secreto tributario.
El tema fue analizado el lunes en la sede del Ministerio de Economía en una extensa reunión que mantuvieron asesores del ministro Fernando Lorenzo con especialistas de estudios jurídicos.
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